Ataque a Garzón

Hasta las piedras tienen claro que el juez Baltazar Garzón está siendo víctima de un ataque político.
Es un hecho, no una opinión.
Y es un hecho muy preocupante, por dos razones. La primera es que se está acusando al juez de prevaricación por no tener en cuenta la Ley de Amnistía del '77.
¿Es que acaso Chile no disponía también de una Ley de Amnistía?
Sin embargo todo el mundo aplaudió en su día el valor del juez de la Audiencia Nacional de pedir la extradición de Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad.
Sí porque resulta que el Tribunal Penal Internacional ha sentenciado que los crímenes de esta índole no tienen fecha de prescripción, no hay amnistía alguna que tenga.

La Guerra Civil española deparó barbaridades entre ambos bandos, pero lo que hizo el franquismo después fue una matanza predeterminada contra todos los que no se sometieron a su régimen: fue un crimen contra la humanidad.

¿Por qué los generales argentinos, amparados por la funesta Ley de Obediencia Debida, no pudieron escapar del peso de la justicia y, a este lado del Atlántico, los familiares de las víctimas del franquismo no pueden siquiera enterrar dignamente a sus padres, madres y abuelos?

La primera razón de la gravedad del ataque político a Garzón es, pues, la que reside en la negación histórica. No se trata de reabrir nuevas heridas, sino de tomar conciencia: todos los países, todas las personas deberían tener bien claros los errores del pasado para poder construir un futuro mejor.

La segunda razón tiene que ver con el equilibrio entre los poderes del Estado.
Hay sólo un país europeo (de momento) que ha roto este equilibrio: Italia. El gobierno italiano ha instaurado una verdadera guerra contra la magistratura, forzando dimisiones de jueces incómodos, recortando fondos, presionando los órganos de control. Cuando uno de los tres poderes prevarica a otro, la democracia es la primera a perder.

España, la sociedad española tiene que evitar a toda consta que la política juzgue los magistrados. Éstos tienen órganos internos de disciplina prepuestos a esta función.

De la misma forma que sería intolerable que un juez ataque un político por razones al margen del ámbito jurídico, es inadmisible que formaciones con una clara orientación política ejerzan influencia sobre la actividad de los magistrados.
Este respecto entre instituciones es la base misma del Estado de Derecho.

El Gobierno no va a tomar posición en el asunto. Es la ciudadanía, la sociedad, la calle, la que tiene que hacer retumbar su voz entre las paredes de la Sala Segunda. Ya está pasando pero se necesita aún más contundencia, pues las influencias que operan contra el magistrado son poderosas.
Es una maravillosa ocasión para que, una vez más, los españoles demuestren que están preparados para mirar atrás con el valor y la serenidad que luego les permitirá edificar el futuro.